La disputa entre la Ciudad de Bloomington, el Municipio de Normal y el Condado de McLean por el dinero compartido del impuesto sobre las ventas destinado a la salud mental y la seguridad pública se ha intensificado de nuevo.
A finales de agosto, el alcalde de Normal, Chris Koos, y la presidenta de la Junta del Condado, Elizabeth Johnston, intercambiaron cartas contundentes sobre el tema.
Ahora, según documentos que WGLT obtuvo bajo la Ley de Libertad de Información, el municipio y la ciudad han acusado formalmente al condado de incumplir el acuerdo intergubernamental de hace una década sobre el uso de los ingresos compartidos.
PDF: Lea la carta de notificación de incumplimiento
“Dada la histórica falta de transparencia y las preocupaciones críticas, que solo se ven exacerbadas por informes recientes e información que ahora sale a la luz, la Ciudad y el Municipio han agotado los esfuerzos para abordar estas preocupaciones. El Municipio y la Ciudad tienen un gran interés en garantizar que los Ingresos Comprometidos se utilicen de manera efectiva y apropiada según lo previsto por el IGA y, por lo tanto, deben insistir en que el Condado subsane estos incumplimientos sin más demora”, escribieron los administradores de la Ciudad de Bloomington, Jeff Jurgens, y la gerente de la Ciudad de Normal, Pam Reece, el 11 de septiembre en la notificación de incumplimiento.
El municipio y la ciudad dijeron que si el condado no subsana los problemas, las otras entidades se reservan el derecho de buscar todos los recursos. Según el IGA, esos recursos incluyen "de derecho o en equidad".
La ciudad y el municipio dijeron en la notificación que están dispuestos a hablar con el condado sobre los "pasos necesarios para restaurar la asociación de colaboración prevista por el IGA". Los motivos del supuesto incumplimiento son varios.
WGLT se comunicó con los funcionarios del condado de McLean para obtener comentarios el viernes y está a la espera de una respuesta.
Falta de mantener un fondo separado
La ciudad y el municipio dijeron que el acuerdo exige que el condado mantenga un fondo separado, pero alegan que no lo ha hecho. La ciudad y el municipio afirman que los informes financieros auditados del condado de 2023 mostraron que el condado tiene una cuenta del Fondo de Salud Mental y Seguridad Pública [MHPSF] "dentro de su fondo general" en su lugar.
La disputa sobre lo que se considera "separado" es clave para otro elemento del supuesto incumplimiento, lo que ha sucedido con los ingresos por intereses generados por los más de $20 millones en ingresos no gastados que el condado ha acumulado durante la última década.
Ingresos por intereses
La tesorera del condado, Rebecca McNeil, le ha dicho a WGLT que, dado que el acuerdo no menciona los intereses, el condado no puede poner el dinero generado por la inversión del dinero del impuesto sobre las ventas en el Fondo de Salud Mental y Seguridad.
“La posición actual del Condado, de que puede mezclar estos fondos dentro de su Fondo General, impidiendo así que el MHPSF gane y retenga sus propios intereses de acuerdo con sus deberes bajo la Ley de Inversión de Fondos Públicos de Illinois, es insostenible y contraria a la intención original del acuerdo”, dijo la notificación de incumplimiento del municipio y la ciudad.
La ciudad y el municipio estimaron en la notificación que los intereses generados por la acumulación de dinero no gastado son casi $1 millón por año.
La tesorera del condado, Rebecca McNeil, le dijo a WGLT que su oficina es "incapaz de calcular con precisión y específicamente cuánto interés pueden haber generado los Ingresos Comprometidos mantenidos en el MHPSF".
“El Condado consolida el efectivo de 59 fondos separados. El saldo por fondo cambia diariamente. Los intereses se generan de forma colectiva a partir de varios tipos de inversión. Por esta razón, no es posible atribuir con precisión la parte de los intereses generados colectivamente específicamente al MHPSF. Los ingresos por intereses al Fondo General sobre el saldo de la tesorería consolidada han variado de $40K en 2020/2021 a $3.7M en 2024, en gran parte debido a las tasas de interés”, dijo McNeil.
Guardias de la cárcel
Otro punto de contención en la notificación de incumplimiento es el salario utilizado para pagar el salario y los beneficios de 10 oficiales correccionales y dos especialistas de admisión en la cárcel del condado de McLean.
“Estos son puestos de personal general, no dedicados a proporcionar los 'servicios de salud conductual' requeridos por la Sección 3-2(b) del IGA. Los documentos y declaraciones del condado confirman que estos puestos no son para operaciones de salud conductual, lo que hace que los gastos no estén autorizados”, dijeron la ciudad y el municipio.
Durante una entrevista con WGLT sobre varios temas que tuvo lugar antes de que se presentara la notificación de incumplimiento, el alguacil del condado de McLean, Matt Lane, dijo que aproximadamente la mitad de la población carcelaria necesita algún tipo de tratamiento de salud mental. Lane dijo que el censo actual de la cárcel era de unas 235 personas. Él tiene unos 60 oficiales correccionales.
“Esas [las 10-12 personas en cuestión] son una fracción de lo que realmente se está gastando en pacientes de salud mental”, dijo Lane.
Hizo un argumento proporcional comparando la mitad de la población carcelaria que necesita tratamiento con la mitad de su personal o más de 30 personas. Sostuvo que es difícil repartir las partidas presupuestarias de la forma en que el municipio y la ciudad exigen ahora.
“Esas no son personas específicas. Son posiciones. Rotamos en responsabilidades y áreas en la cárcel. No tenemos oficiales correccionales de salud mental específicos. Eso no existe”, dijo Lane. “Pero pasamos una gran cantidad de tiempo colectivamente con los problemas de salud mental en la cárcel”.
El acuerdo intergubernamental autoriza el uso del dinero del impuesto sobre las ventas en programas y servicios de salud conductual.
Lane dijo que una gran cantidad de actividad de salud mental se lleva a cabo en la cárcel en todo momento, desde acompañar a los equipos de tratamiento a varias horas durante períodos prolongados hasta distribuciones de medicamentos a cientos de reclusos.
“Confío en que estamos usando cada dólar que obtenemos, para el beneficio de la salud mental”, dijo Lane.
Gasto en tecnología
El municipio y la ciudad también parecen estar haciendo un argumento de proporcionalidad en contraste con el encuadre de Lane sobre el problema de los guardias de la cárcel. La ciudad y el municipio sostienen que $12 millones en el gasto planificado en el sistema de tecnología no deberían provenir del dinero del impuesto sobre las ventas. El condado está avanzando con un nuevo sistema de gestión de registros para la aplicación de la ley. Se espera que otras partes interesadas utilicen el sistema, y algunas necesitarán su propio software.
“Los gastos planificados para los sistemas que sirven principalmente a las operaciones internas del Condado (por ejemplo, para la cárcel, los tribunales, la libertad condicional, el fiscal del estado y el defensor público) no cumplen con estos criterios. Los gastos para cualquier sistema más allá del Caliber RMS compartido violan el acuerdo”, dijo la notificación de la ciudad y el municipio al condado.
Financiamiento de la salud mental
Uno de los grandes puntos de venta del pacto al comienzo del acuerdo fue el deseo de aumentar los servicios de salud mental en la comunidad. La ciudad y el municipio ahora alegan que el condado violó una disposición del acuerdo con respecto a ese financiamiento.
“La Sección 3-3 del IGA requiere que el Condado 'busque el consejo' del Consejo de Coordinación de Salud Conductual del Condado de McLean [MCBHCC] durante el proceso de presupuesto para los Ingresos Comprometidos. El Condado no se ha adherido a este proceso consultivo requerido, violando una disposición de supervisión clave del IGA”, dijo la notificación.
No está claro por el contexto si esa supuesta falta de consulta al consejo de coordinación ocurrió antes o debido a la decisión de la ex presidenta de la Junta del Condado, Catherine Metsker, de renovar el proceso de asignación el año pasado y eliminar al consejo de coordinación de las decisiones de financiamiento en abril de 2024. Más recientemente, la Junta del Condado de McLean votó hace una semana para honrar las recomendaciones de financiamiento del organismo que Metsker formó para reemplazar al consejo de coordinación: el Consejo Asesor del Fondo de Salud Mental y Seguridad Pública.
Deuda de la cárcel
La notificación de la ciudad y el municipio no ataca el uso del condado del dinero compartido del impuesto sobre las ventas para pagar la deuda de una expansión y renovación de la cárcel.
La notificación abre una ventana de 45 días para que el condado responda.
Esta historia fue escrita en inglés por un ser humano y luego traducida al español con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial. Posteriormente, esa traducción fue revisada y editada por un ser humano.
